MAS-IPSP - Parte 1 - Los orígenes de la izquierda boliviana

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO - INSTRUMENTO POLÍTICO PARA LA SOBERANIA DE LOS PUEBLOS

Mauricio Espejo Lara

(extracto del trabajo de grado: LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA, LA COLONIALIDAD DE PODER Y LA EMERGENCIA DE ACTORES SOCIALES DE 1989 AL 2006: EL EZLN, EL MOVIMIENTO BOLIVARIANO Y EL MAS-IPSP)

La frase “volveré y seré millones” que retumba en la tradición oral e histórica boliviana se le atribuye a la figura mítica de Túpak Katari, quien a finales siglo XVIII, más exactamente en 1781, protagonizó, junto a su esposa Bartolina Sisa y a otra legendaria figura india Tupak Amaru, el levantamiento indio más extenso y con mayor apoyo del que se tenga registro en Bolivia durante la colonia; organizando y encabezando al primer ejercito Aymara, manteniendo cercada a la ciudad de Chuquiago (actualmente La Paz), desde el territorio conocido como El Alto. Retumba precisamente porque dos siglos después un nuevo levantamiento indígena, esta vez en el marco de la denominada “Guerra del Gas” de 2003, se repite la táctica de cerco a la ciudad de La Paz, cortando su principal vía de acceso por carretera que une a La Paz con la peculiar formación urbana, arquitectónicamente “rizomática” (Zibechi, 2007), con este conglomerado interbarrial de población migrante que es en la actualidad la ciudad de El Alto¹. En este espacio urbano parece que la larga memoria aguardada persiste en aparecer cada siglo en explosiones de rebeldía contra el poder del estado colonial, indiferentemente que sea español o criollo. Es así como en la rebelión durante la guerra federal de 1898 se reorganiza nuevamente el Ejercito Aymara, ahora en cabeza de Pablo Zarate Willka, quien instala un nuevo cerco sobre La Paz. Una vez derrotada esta sublevación se abre paso una ideología, el “indianismo de resistencia”, que pasa a formar parte fundamental, junto al nacionalismo revolucionalrio, el marxismo y el anarquismo, de las llamadas ideologías emancipatorias y contestatarias en Bolivia del siglo XX; constituyen todas ellas el núcleo discursivo y organizativo de la izquierda política en la Bolivia contemporánea, donde el “indianismo”, como se verá, es la que posee el mayor peso protagónico dentro de la izquierda boliviana contemporánea (García Linera, 2008).

1 Formación de la izquierda en Bolivia

El periodo formativo de las primeras organizaciones y partidos políticos de izquierda en Bolivia abarca, en líneas generales, los mismos tiempos e influencias ideológicas anarquistas, socialistas y comunistas que se iban extendiendo por toda Latinoamérica a principios del siglo XX; mientras tanto, en 1914 se funda el primer partido socialista en Bolivia y a lo largo de esa década se empiezan a formar las primeras organizaciones anarcosindicalistas (Tapia, 2005: 342). Dentro del periodo formativo las bases ideológicas de esta insípida izquierda se sientan precisamente en el anarquismo que tuvo su ciclo formativo de 1930 a 1940; al igual, el Marxismo cuyo periodo de mayor actividad e influencia en esta primera etapa va desde 1920 hasta 1940 (García Linera, 2008). Los primeros partidos marxistas de izquierda radical con una importante influencia sobre las bases obreras centraron su actividad en los trabajadores mineros. Así se funda, durante esta época, el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) pro soviético, y en 1934 se funda el Partido Obrero Revolucionario (POR) de orientación trotskiska (González Pazos, 2007: 40). Este último partido resulta de especial importancia para la historia del movimiento obrero boliviano. La aparición de estos partidos no deja de hacer evidente que los conflictos y contradicciones propias del “calco y copia” de las estructuras organizativas e ideológicas de la izquierda europea y la división extraída entre stalinistas y trotskistas, dominaron las discusiones de la izquierda comunista durante este periodo, convirtiendo a estos partidos en meros núcleos de adoctrinamiento intelectual y teórico (Garcia Linera, 2008).

Las cuestiones indígenas en este periodo son superficialmente tocadas por la izquierda marxista, a excepción del fin del pongueaje² incluido programáticamente en ambos partidos, con fines de establecer un sistemas de alianzas entre clases, donde obviamente será el proletariado minero la “vanguardia” de los movimientos emancipadores (González Pazos, 2005: 40), más que por el reconocimiento de la especificidad problemática indígena dentro las relaciones racializadas de poder en el estado colonial/moderno, del cual este marxismo es cómplice. Esta lógica de visión marxista, despoja a la población indígena de los complejos problemas en la estructura de relaciones étnicas y culturales.

Para este marxismo no había ni indios ni comunidad, con lo que una de las más ricas vetas del pensamiento marxista clásico queda bloqueada y rechazada como herramienta interpretativa de la realidad boliviana; además, esta posición obligará al emergente indianismo político a afirmarse precisamente en combate ideológico, tanto contra las corrientes nacionalistas como contra las marxistas, que rechazaban y negaban la temática comunitaria agraria y étnico nacional como fuerzas productivas políticas capaces de servir de poderes regenerativos de la estructura social, tal como precisamente lo hará el indianismo. (Garcia Linera, 2008)

Como la cuestión indígena -colonialidad- no encaja (desborda y sobredetermina el tipo de relaciones de producción y de clase) en las lógicas discursivas marxistas, se opta por ejercer una operación de reduccionismo económico, transformando al indígena y sus complejas relaciones sociales y productivas (como puede ver ser la forma comunal del Ayllu) en campesino. Este campesino, por obra y gracia de la lógica política eurocentrada, posee además todos los defectos detectados por la lectura marxista del campesinado europeo,(apego individualista por la tierra, súbita variabilidad en las luchas sociales dependiendo quien le garantice la propiedad privada sobre sus tierra para la producción, etc). “En Bolivia, se quiere integrar al indígena en la clase campesina para, de alguna forma, «bolivianizarle», como en México se pretendió su «mexicanización»”(González Pazos, 2005: 58). Este tipo de sesgo los podemos ver en la acciones y programas de la izquierda del periodo anterior de la Revolución de 1952 y posterior.

Gran parte de las bases ideológicas y programáticas del periodo hegemónico del “nacionalismo revolucionario” y de la izquierda a futuro fueron sentadas por un socialista, Gustavo Navarro, mejor conocido por su seudónimo “Tristan Medoff”, cofundador del POR, quien en 1926 escribió La Justicia del inca, y en 1934 La tragedia del altiplano, planteando lo que sería el programa político y los ejes clase-nación sobre los cuales actuara la izquierda por las siguientes décadas, dentro de los cuales se destacan positivamente únicamente las formas de organización y los principios de justicia de los incas (Tapia, 2005: 341).

Luis Tapia destaca un segundo momento de proyección de la izquierda boliviana con la publicación de la histórica, para el movimiento obrero, Tesis de Pulacayo de 1946, presentada por facciones trotskistas adeptas al POR ante la IV asamblea de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), fundada en 1938. Ésta es una tesis de carácter obrerista, socialista y antiimperialista (Tapia, 2005: 342), la cual propugna por una “unidad de acción clara entre el campesinado (entendido en todo momento como clase social y nunca como pueblos indígenas) y obreros y mineros.”(González Pazos, 2005: 41), escrita con el lenguaje directo y frontal de la jerga comunista renunciando y denunciando cualquier tipo de intento de desviación reformista. Este documento reviste una gran importancia porque fue acogido como parte del programa general de la Central Obrera Boliviana (COB), fundada como uno de los logros de la revolución de 1952 en ese mismo año, y se mantuvo ésta como tal, hasta que tiempo después el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) sacara de los puestos de dirección de la COB a la mayoría de los cuadros políticos pertenecientes al POR.

No obstante, en el documento se asientan aún mas los sesgos de las lógicas discursivas de la izquierda radical marxista. Primero, bajo estos esquemas ideológicos se da por sentado que es a través del mundo laboral donde el “proletariado” boliviano debe perseguir las vías de la modernización, quedando enraizado profundamente en la subjetividad proletaria por las siguientes décadas. Segundo, este marxismo priorizó, en todo momento y bajo lógicas economicistas, la construcción y el valor de la identidad obrera sobre las identidades indígeno-campesina (claramente indeferenciadas), excluyéndolas y degradándolas como inferiores (García Linera, 2008). Todas estas cuestiones permanecen inalteradas bajo el nuevo periodo que se abre con la revolución de 1952; mientras, el “indianismo” se va perdiendo, hasta ser prácticamente silenciado, retornando con gran fuerza en la década de los setenta.

Cabe destacar del periodo formativo de la izquierda en Bolivia la gran influencia que tuvo el trotskismo en los sindicatos mineros y en la constitución de la identidad y subjetividad obrera en Bolivia. Salvo la experiencia en Argentina, el trotskismo como corriente escindida y en conflicto con corrientes y partidos adeptos a la tercera internacional, -los Partidos comunistas pro soviéticos-, esta corriente política tuvo mas bien poca acogida en el resto de la región para este periodo, lo cual atrajo de inmediato la atención de los dirigentes europeos de la IV internacional trotskista, al ver el impulso del POR como partido fundamentalmente trotskista, con las lógicas de “vanguardia” de los partidos políticos con estructuras leninistas, en un país sumido en el “atraso” y evidentemente rural.

Lo anterior contrasta con el escaso protagonismo de la izquierda comunista del PIR, de la cual se desprende, curiosamente de manera tardía, el Partido Comunista de Bolivia (PCB); digo de manera tardía, pues la mayoría de escisiones dentro de partidos de izquierda socialistas y comunistas, no sólo en Latinoamérica sino en el mundo, que dieron lugar a la larga lista de partidos pasando a denominarse Partidos Comunistas, tuvieron como tiempo de fundación las décadas del 30 y el 40 del siglo XX (Retana, 1996). Éste, a mi parecer, constituye un hecho bastante curioso sí se compara con la formación del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y del Partido Comunista Mexicano (PCM), ambos parte de este trabajo, fundados en 1931 y 1919 respectivamente; estando, para la fecha de fundación del PCB, la III internacional en franco e irreversible declive. Apenas un año antes de la revolución boliviana se funda formalmente en 1951 el PCB, cuya primera acción de trascendencia consistió, al año siguiente, en apoyar al MNR el derrocamiento de la junta de gobierno instalada en 1951.

2 El Nacionalismo Revolucionario y la formación de la identidad obrera

El periodo del nacionalismo revolucionario que se abre con la revolución de 1952, tiene como antecedente significativo a la Guerra del Chaco (1932-1935) entre Bolivia y Paraguay por el control de los recursos petroleros y madereros de la zona natural del Gran Chaco. Esta guerra marcó a toda una generación de Bolivianos por las consecuencias nefastas que dejó, produciendo asimismo el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales de entonces. Ante la inoperatividad del sistema político, estos partidos respondían a las demandas sociales con represión. El descontento cada vez mas general comenzó a generar una serie de reclamos que fueron tomados y articulados principalmente por el MNR; reclamos éstos que empezaron a tornarse en demandas extendiéndose, especialmente, sobre las cuestiones agrarias, reparto de tierras, la posibilidad de voto universal, el control estatal de los recursos y, con menos fuerza, la cuestión indígena (González Pazos, 2005: 36-40).

La guerra del Chaco alimentó un fuerte discurso nacionalista, dado que los bolivianos se habían sentidos utilizados por los intereses petroleros de las compañías transnacionales, la Royal Shell Company inglesa y la Standard Oil estadounidense, que se disputaban el control, en aquel entonces, del territorio por las reservas de crudo que allí se encuentran, manipulando y disponiendo recursos derivando en el enfrentamiento armado entre los dos países (Gonzales Pazos). Obviamente, el desarrollo de la guerra marcó la constante situación de la población indígena, sirviendo como “carne de cañón” para la oficialidad criolla-mestiza, poniendo a combatir a la propia población indígena guaraní de uno y otro lado dividida producto de las arbitrarias reparticiones coloniales. Sumado a ello, después de la guerra Bolivia afronta una fuerte crisis económica.

A la par de los partidos de izquierda radical, en 1942 se funda el MNR, éste nace con una clara tendencia nacionalsocialista que, sin embargo, al transcurso de la segunda guerra mundial, abandona rápidamente pasa instalarse en una posición mas bien nacional-populista. Este partido se conforma principalmente de la clase media y de obreros radicalizados, permaneció en la clandestinidad durante un breve periodo tras el linchamiento del presidente Villaroel en 1946. En 1951 el MNR gana las elecciones pero estas son anuladas, lo cual llevó al partido a tomar las armas e iniciar los levantamiento que culminarían en Abril de 1952 con la institución del gobierno de facto de Hernán Siles Suazo, llevando su hegemonía hasta 1964, ganando seguidamente las elecciones hasta aquel año (Gonzales Pazos: 41).

La revolución de 1952 significó la toma hegemónica de las expresiones de inconformidad que se venían gestando desde la Guerra del Chaco, contra el sistema político y los partidos tradicionales en torno a un proyecto nacionalista, que incluye algunas de las reivindicaciones programáticas de la izquierda boliviana, con la presencia obrera como parte del co-gobierno, durante este periodo, en la minera estatal COMIBOL creada al mismo tiempo que la COB . Junto a la revolución mexicana de 1910 y la revolución cubana de 1959, la revolución boliviana conforman las tres revoluciones sociales Latinoamericanas mas importantes del siglo pasado. Esta última se caracterizó por estar acompañada de grandes reformas y transformaciones en el campo social, político y económico: reforma agraria y reparto de tierra; nacionalización de la industria minera; acceso universal al voto; la disolución del ejercito y reorganización de uno nuevo. Éstos fueron tal vez sus aportes más reconocidos (Tapia, 2005: 42)

También se cuenta como trascendente dentro de los logros de la revolución la creación de COB, instancia suprema de los sindicatos bolivianos. La fuerte presencia de los sindicatos mineros en la construcción de la identidad obrera fue potenciada para los periodos posteriores por la revolución de 1952; la forma de articulación sindical va a arraigarse de forma profunda en las estructuras de asociación colectiva, viéndose articulada con otras formas asociativas dentro de Bolivia para las luchas posteriores cuando esta identidad empieza a resquebrajarse.

A través del sindicato, los obreros mineros no sólo accedieron a los derechos ciudadanos, sino que fueron capaces de convocar al resto de las clases y fragmentos sociales subalternos y crear hegemonía (García Linera, 2001a). Su “ímpetu por integrar discursiva y prácticamente los reclamos de sectores subalternos con los suyos [construyó] una imagen de nación plebeya articulada al minero” (García Linera, 2001a: 204) que sobrevivió –en alguna medida– hasta 1985. (Stefenoni, 2003: 315)

La peculiaridad del caso boliviano respecto a las posiciones de la izquierda del resto de Latinoamérica, se encuentra en las relaciones entre el sindicato y el partido. Tapia describe cuatro posiciones históricas de la izquierda boliviana, lo que parecen forman asociativas propiamente políticas: los partidos políticos, los sindicatos, los grupos políticos ideológicos y los movimientos sociales (Tapia, 2005: 341). Para este periodo los ejes programáticos de la izquierda están circunscritos a las relaciones entre sindicato y partido político de izquierda. En Bolivia, a contracorriente de lo que comúnmente sucede, son los partidos los que están subordinados a las directrices que tomen los sindicatos. “Los partidos comunistas y socialistas elaboraban sus programas y proyectos políticos para presentarlos en el seno de los sindicatos y la COB para buscar que fueran aprobados como la posición del movimiento obrero.” (Tapia: 345).

En Bolivia, la superioridad del sindicato sobre el partido, irradiada desde el movimiento obrero minero (y fortalecida por las políticas del Estado Nacionalista), ha marcado la lógica organizativa del movimiento campesino, especialmente desde los años cuarenta. Los sectores subalternos son, en primer lugar, clases “sindicalistas”, en la medida en que su acumulación en el seno de la clase se da primariamente a través de la forma sindicato; por ello este concepto reenvía –a lo largo de la historia boliviana– a organizaciones más complejas y extensas que el sentido corriente del término (Zavaleta, 1983: 232-233).

Esta “superioridad” o prioridad de las formas sindicales sobre las partidistas moldea a futuro las formas organizativas de la izquierda contemporánea. Por ello, reviste especial interés cómo las formas de articulación que provee la estructura sindical van a ser, en cierta medida, la base organizativa de la formas organizativas bajo las cuales se van a ir articulando los movimientos sociales de principios de siglo XXI. Además, de alguna manera, ayuda a entender la tesis de Instrumento Político bajo la cual se organiza el MAS-IPSP.

Durante la década de los sesenta el MNR intenta llevar a cabo una profundización de la institucionalización de la revolución, debido en parte a una ruptura de la alianza establecida con el sector sindical representado en la COB, mediante reformas implantadas en la constitución política de 1961. Este proceso se asemeja en algo o tiene como referente lo que hizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México (Gonzales Pazos, 2005: 51). Sin embargo, este proceso se ve interrumpido en 1964 por el golpe de Estado que propinó el general René Barrientos, siendo éste vicepresidente de Victor Paz Estenssoro.

La posición de las izquierdas durante la etapa de las dictaduras militares no sufrió prácticamente alteración alguna frente a los reconocimientos étnicos, pero abrió nuevas perspectivas ante su situación. El estado defensivo que adoptaron gracias a la represión y persecución por parte de los militares, las llevó a adoptar posiciones mas nacionalistas, estatistas, pero sobre todo, “la izquierda hizo hincapié en la reconquista de los derechos políticos y las libertades para la clase obrera y la población boliviana en general. El papel protagónico de la izquierda en este movimiento simbolizaba un replanteamiento de su posición tradicional en relación con la democracia.” (Tapia, 2005: 344). La democracia se sumó finalmente a los componentes programáticos de la izquierda durante la caída del ciclo de las dictaduras y gobiernos transitorios vividos en Bolivia hasta 1982. Los demás componentes históricos de los que se nutre la izquierda boliviana, ya han sido esbozados en alguna mediada a lo largo del texto, estos son: la cuestión nacional, la reivindicación de las raíces étnicas y las ideas socialistas.

“Fueron momentos de una creciente desetnización del discurso e ideario campesinos, una apuesta por la inclusión imaginada en el proyecto de cohesión cultural mestiza irradiada desde el Estado, y de la conversión de los nacientes sindicatos campesinos en la base de apoyo del Estado nacionalista, tanto en su fase democrática de masas (1952-1964), como en la primera etapa de la fase dictatorial (1964-1974)(Garcia Linera, 2008).”

Entre tanto, el indianismo había permanecido ignorado por los programas políticos de la izquierda que antepusieron la cuestión nacional y las lógicas de las ideas socialistas. Esta corriente iba gestando y asentando un indianismo mucho más crítico y reivindicativo de las raíces étnicas dentro las organizaciones del sindicalismo campesino. Desde 1953 se implantó en Bolivia lo que se denominó el pacto campesino-militar. Durante la dictaduras de Barrientos y de Banzer, los militares mantuvieron acercamientos con los campesinos a lo largo de este periodo; sin embargo, en 1974 este pacto se rompió con la masacre que ejecutaron los militares a campesinos de Los Valles de Cochabamba. A partir de esta ruptura las posiciones radicales del indianismo cobraron una nueva dirección gracias al impulso de las organizaciones kataristas dentro del sindicalismo campesino (Stefanoni, 2003: 328).

3 El Katarismo

La desconfianza que se generó frente a las corrientes de izquierda revolucionaria como frente al nacionalismo revolucionario condujo a que sectores dentro de la población indígena empezaran a ver críticamente y revalorar las posturas, demandas y posiciones étnicas dentro de las organizaciones sociales para hacerlas parte fundamental, visible y prioritaria dentro de los esquemas ideológicos de articulación indígena. Así lo que hace, en un primer momento, el katarismo es “[arrancar] a la figura de Túpac Katari del discurso dominante, donde figuraba como inocente ‘precursor’ de la lucha por la independencia”, y lo resignificaron como un héroe de la causa indígena, capaz de retornar multiplicado en millones. Al tiempo que resignificaban a la forma sindicato, organismo del nuevo poder autónomo, pero a la vez producto del horizonte histórico del Estado del ‘52” (Rivera Cusicanqui, 1984: 164). Esta retoma simbólica de las figuras heroicas del indígena boliviano intenta dar un giro en favor de la reapropiación y reconstrucción de la narrativa histórica y popular indígena, descentrándola del discurso colonial del Estado y las élites bolivianas.

La crítica katarista al modelo colonial se traza sobre la práctica de la doble mirada, sobre el pasado y la identidad, bajo la cual se ha subsumido al indígena como agente político social en el marco de una doble irrupción en su condición campesina y étnica. “El katarismo ha “reconstruido” una identidad indígena, allí donde los militares así como los gobiernos del MNR no querían ver sino “campesinos”. De ahí deriva una ideología que teoriza la doble opresión del campesino, por su condición económica, pero también por su condición de indígena víctima de discriminaciones en el seno de un estado colonial.” (Do Alto, 2006: 8). Con el katarismo empieza a formarse y desestigmatizarse la identidad “indio”, dotándola con herramientas articuladoras en su raíz étnica aymara como una identidad emancipadora.

Los aportes de la corriente katarista dieron a la indianidad los cimientos en la constitución de un esfuerzo organizativo e ideológico para visibilizar al indio como sujeto político, de poder y soberano (García Linera, 2008). “Dos elementos configurarán así el discurso katarista: la continuidad de una situación colonial que se impuso sobre una sociedad originariamente libre y autónoma; y la idea del “despertar del gigante dormido”, en alusión a la mayoría étnica nacional,” (Stefenoni, 2003: 329). El tema de los grados de autodeterminación y la posibilidad articulatoria con otras identidades y organizaciones sociales, va a ser un punto de divergencia dentro de las corrientes kataristas mas radicales: sobre la especificidad étnica que producirá una división posteriormente.

Y el katarismo va mas allá, pues no basta con la constitución de un discurso alternativo o subalterno para logar el profundo impacto popular que esta corriente ha hecho circular en el imaginario colectivo indígena, se da también en la puesta en movimiento de formas organizacionales, e impulsan el discurso extendiéndolo sobre unas prácticas políticas que mantienen fuertes pilares comunitarios para la puesta en ejercicio prácticas asociativas, gremiales y hasta partidistas, donde el indígena empieza a tener experiencia de empoderamiento, articulación política mas amplía, injerencia y voz en los asuntos nacionales, haciendo sentir su potencia como mayoría.

El katarismo ha tenido una profunda influencia en la cultura y la política del país, dentro y fuera de la izquierda. Su surgimiento evidenció no sólo la existencia de la diversidad étnica y cultural del país, sino el hecho de que dicha diversidad implica concepciones del mundo y de la historia diferentes, que podían organizarse políticamente de manera autónoma para disputar el poder político y promover una reforma del Estado boliviano. El katarismo produjo, a la vez, la autonomía política de clase con la reorganización del sindicalismo campesino y con la introducción de la autonomía politico-intelectual aymara, esto es, lo que los kataristas han llamado la doble mirada de la clase y la nación. (Tapia, 2005: 347)

El sindicalismo campesino se convierte en el principal órgano de difusión y organización de la ideología katarista, con la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTSB) en 1979, en el marco del primer Congreso de Unidad Campesina auspiciado por la COB, del cual entraría a formar parte. También es participe de la rama sindical del katarismo, las organizaciones sindicales de mujeres como la Federacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCB-BS), conocidas como “las bartolinas”(Gonzales, 2005: 62).

Por otra parte, tenemos el katarismo partidista con la fundación, prácticamente en la misma época, de dos partidos políticos: Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) de orientación mas indianista liderado por el intelectual aymara Felipe Quispe, conocido como el “Mallku”, partido “[que] ya sobrepasa los postulados campesinos para hacer un replanteamiento del problema indígena en términos de liberación nacional y de descolonización.” (Gonzales Pazos: 60). La segunda corriente del kararismo partidista está representada por una posición más cercana a la apertura del indianismo hacia corrientes de izquierda, a la herencia de la revolución de 1952, y de acercamiento con los obreros mineros a través del Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK) (Stefanoni, 2003: 330). Esta corriente alcanzó puestos directivos dentro de la COB, e hizo parte de la coalición de corrientes de izquierda durante el gobierno de Hernan Siles Suazo (1982-1985) con la Unión Democrática Popular (UDP).

Es claro a esta altura la división de las posturas indianistas dentro del movimiento katarista, vista en las posiciones de los partidos MITKA y el MRTK. Esta división marca la bifurcación del camino que toma el movimiento a partir de las posturas asumidas frente a la visión articulatoria e histórica del proceso colonial de la “memoria corta”. Es decir, en términos de Wallerstein, del tiempo-espacio cíclico-ideológico que marca la periodización establecida en cuanto a los procesos vistos en la décadas anteriores (el nacionalismo revolucionario; la ruptura total o parcial con las lógicas marxistas y socialistas, la visión de nación y la cuestión de las autonomías indígenas y la democracia en el subsiguiente ciclo de la “democracia pactada”). No obstante, su punto o raíz común está en la “larga memoria” o el proceso de larga duración: el tiempo-espacio estructural, por cuanto la incidencia negativa para la emancipación de los pueblos indígenas como de las formas que tomó la colonialidad del poder en las relaciones racializadas de poder, que persisten en las lógicas de construcción identitaria y de articulación política en el sistema político moderno del estado colonial boliviano, entorno a las figuras y esquemas criollo-mestizos en detrimento de las identidades y articulaciones indígenas.

A principios de la década de los ochenta del siglo pasado, la CSUTCB comienza a fraccionarse debido principalmente a varias razones: Primero, las posturas contrarias dentro del katarismo, el sindicalista con una visión multiétnica y pluricultural más amplia y cercano, por no decir de izquierda, choca con el radicalismo de las posturas autodeterministas y etnocentradas del katarismo indianista, encasilladas en la idea de la opresión histórica del indio; segundo, la coptación de líderes sindicales por parte de los partidos políticos que vieron en la CSUTCB un espacio ideal para propósitos electorales; y, tercero, los casos de corrupción al interior del sindicalismo por parte de las cabezas visibles generaron que las bases sindicales se distanciaran. (Rea, 2003: 4).

A partir de este fraccionamiento empieza el segundo periodo de la CSUTCB, la desentralización discursiva de los movimientos y organizaciones empieza a moverse y fugase en varias direcciones; el culturalismo, centrado en las formas de religiosisdad y en las expresiones musicales.; el discurso político integracionista, que reivindica el ser indígena; el nacional indígena, que reclama un Estado indio, es decir, la constitución de un nuevo Estado dirigido por indígenas (García Linera, 2008). Con la convulsión de los primeros años de los ochenta, se gestan al interior de CSUTCB los sindicatos cocaleros, entre estos al propio Evo Morales, dirigente máximo de estos sindicatos del trópico de Cochabamba, y futuro presidente de Bolivia.

4 El nuevo ciclo la “democracia pactada”: el neoliberalismo en Bolivia

Cabe notar que en la historia Boliviana la presidencia de la república ya había tenido a la izquierda en ella, fue la fallida experiencia de la UDP de 1982 a 1985, con ello se marca el final del periodo analizado anteriormente; aunque precisamente, porque la UDP ya había ganado las elecciones en 1977, fue que se dio el golpe de Estado de los militares dirigidos por Hugo Banzer (Tapia, 2005: 344). La UDP, que es un escisión del MNR al mando de Hernán Siles Suazo, se lanza a elecciones en 1981 mediante una alianza con varias organizaciones de izquierda dentro de las que se encuentra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el PCB y otras de menor importancia, contando también con el apoyo del MRTK. El gobierno de la UDP marca el regreso de los procedimientos democráticos de elección a Bolivia, desde 1964, después de las dictaduras y de cortos periodos de gobierno constitucional.

Debido a la fuerte crisis económica y a una insostenible hiperinflación, el gobierno de la UDP declina y se llama a elecciones. Victor Paz Estensssoro por el MNR gana en 1985. Este año en particular pasa a la historia boliviana contemporánea por la confluencia de transiciones que se dan en el plano económico, social y político. El MNR realiza un diagnóstico de la situación en la cual había quedado el país, en los planos mencionados, y las acciones a seguir con la administración de Estenssoro:

• En lo económico, con la adopción del neoliberalismo, que permitía aliviar al Estado boliviano de la carga de impulsar el desarrollo productivo del país a favor del sector privado. Éste fue el papel de la Nueva Política Económica (NPE).

• En lo social, con la expulsión de los actores sindicales y militares de la esfera política, evolución posibilitada por sus debilitamientos en el período precedente.

• En lo político, con la puesta en marcha del modelo de democracia pactada. (Basset, 2004: 52)

La entrada avante del neolibrealismo se supone “justificada” por la situación inmanejable de la economía boliviana de los ochenta, ante la caída internacional de los precios del estaño y la escasa producción de la COMIBOL, es inminente que vaya a sufrir drásticas transformaciones. Toda la reforma económica fue dictada por del decreto supremo 21060, famoso y bastante referenciado en la mayoría de lecturas, pues abrió paso al estado mínimo, las “capitalizaciones” o privatizaciones de las principales empresas estatales y la entrada de capitales extranjeros, a lo que, de una u otra manera, la estatalización de empresas había permanecido como uno de los grandes logros del periodo revolucionario y su Estado “intervencionista” para mantener a flote las representativas empresas estatales con ciertos margenes de cogobierno con los sindicatos.

El antiguo Estado “intervencionista” dio paso al capital extranjero como locomotora económica, con los capitalistas locales como socios menores en áreas subalternas de la actividad económica, y el Estado en un papel de mendigo internacional y de policía local encargado de disciplinar a las clases peligrosas (García Linera, 2001b: 9); portador, a su vez, de un discurso capaz de enunciar más y mejor y más rápido lo que ya formaba parte de la nueva discursividad neoliberal: modernización, eficiencia y racionalidad (Mayorga U., 1996; Anderson, 1999). (Stefanoni, 2004: 317)

El decreto 21060 de 1985 se constituyó en la estocada final, no mortal pero si agonizante, para el estandarte del sindicalismo boliviano: la COB. Sumida en casos de corrupción y en una gran desorganización, el ocaso de la COB viene después de un periodo de enfrentamiento con el gobierno de la UDP; una vez promulgado el decreto 21060, la COB inició una campaña para la abrogación del decreto con el llamado a huelga, duramente reprimida por el gobierno. Al final se firma un pacto de acuerdo donde se evidencia la derrota sindical minera, y así establecía su vertiginoso declive (Basset, 2004: 58). Mas grave aún es la arremetida al año siguiente del gobierno de Paz Estenssoro con la reorganización de la estatal COMIBOL y, con ello, el cierre de las minas estatales, generando el despido masivo de aproximadamente 24,000 mineros, iniciando así grandes procesos de éxodo de los mineros con sus familias, desplazándose a los suburbios de las principales ciudades y campos del país (Stefanoni, 2005: 317).

Obviamente, como era de esperarse, esto trae consecuencias directas sobre la estructura sindical que tenía como pilar fundamental al trabajo minero y dependía de la imagen que había proyectado sobre la identidad obrera boliviana. “La desaparición de la “vanguardia minera” supuso la desarticulación del sindicalismo boliviano. Además, el contexto neoliberal llevó al crecimiento de un importante sector informal que escapaba a la influencia sindical tradicional”. (Basset, 2004: 58). El peso del sindicalismo en las luchas sociales de antes es evidente. Con la COB la identidad obrera experimento el cómo era posible alcanzar grados de incidencia dentro de las estructuras políticas del país, al medir fuerzas de movilización con todo el núcleo minero, numeroso y siempre combativo. La etapa que se abre con la marcha neoliberal desgasta y deja en franca posición de debilitamiento, casi de supervivencia, a las estructuras sindicales obreras bolivianas, hasta ese momento prioritarias para la protesta social y las mediaciones políticas.

La posición del MNR gira radicalmente en los ochenta cuando retomamos las posiciones históricas de este partido, que poco a poco, sobretodo por las posiciones defensivas durante las dictaduras lo habían identificado parcialmente como un partido de centro-izquierda. El MNR iba recorriendo, no obstante, el espectro político hasta llegar aquí a la centro-derecha. Preocupado el MNR en esta época por la “gobernabilidad” y la viabilidad del estado boliviano, dándole una senda económica para la tan “anhelada modernización” de Bolivia, bajo la batuta neoliberal con su pilares discursivos de eficiencia, racionalidad y modernización (Stefanoni, 2004: 317). El golpe asestado a las bases sindicales obreras tras el asenso hegemónico del discurso neoliberal, deja a la izquierda, ya debilitada, en una posición de la cual su recuperación, años mas tarde, va a llegar de mano del antes despreciado e ignorado “indianismo” y sus estructuras sindicales-comunitarias.

En la década de los ochenta, sin embargo, se evidenciaron los límites del proyecto de la izquierda sindical-partidaria, centrada en un proyecto de clase. Por una parte, la articulación entre sindicatos y partidos continuaba siendo insuficiente para promover triunfos electorales duraderos. Por otra, el movimiento obrero mostraba un notable poder de resistencia -capaz aun de generar crisis de gobierno y Estado-, pero todavía incapaz de reformar uno u otro. En síntesis, el movimiento obrero y la izquierda no había resuelto todavía el dilema clásico de la inclusión de los demás sectores del país en su programa político. Se trataba de una plataforma política de democracia de clase. En ella estaba a la vez la fortaleza y la debilidad de la izquierda del siglo xx. (Tapia, 2005: 346)

Ante la ingobernabilidad y crisis del sistema político boliviano, el MNR en tiempos del gobierno Paz Estenssoro junto al partido del ex-dictador Hugo Banzer Acción Democrática nacional (ADN) deciden realizar un “pacto por la democracia” que “no fue formalmente una alianza –ADN quedó fuera del gobierno–, sino una especie de “código de buena conducta” para la oposición, que se comprometió a participar y apoyar las reformas necesarias para asegurar la “gobernabilidad” y estabilidad política del país. Este pacto inauguró una serie de acuerdos que, desde ya, se irían repitiendo bajo diversas formas a cada elección, y conformarán la llamada “democracia pactada” (Basset, 2004: 53). La democracia pactada supone lo que Yann Basset denomina sistemas de pactos dentro de la democracia representativa. Basset distingue dos tipos de pactos dentro de una dinámica estructural del sistema político boliviano que rigió por los siguientes 20 años: los pactos sistémicos y los pactos de gobierno. “Los primeros asentaron las reglas de juego institucional, es decir, la legitimidad del sistema, mientras los segun­dos sirvieron de estrategia privilegiada de los actores dentro del juego, permitieron lograr y renovar periódicamente la gobernabilidad” (Basset: 54).

En consecuencia, el pacto sistémico de la “democracia pactada” en Bolivia le otorgó todo el peso protagónico a las instituciones de la democracia representativa, basada en la economía de mercado y en un juego de reconocimientos parciales de la multiculturalidad, manteniendo así unas fronteras. mas o menos estables, para la viabilidad del sistema político boliviano. Los pactos de gobierno, por su parte, representan la lógica burocrática y procedimental para la toma de decisiones y control de puestos en las instancias de gobierno y de legislación. Es así como mediante los pactos se establecen las mayorías por sistemas de alianzas a través del “cuoteo”³ de cargos administrativos del Estado (Basset: 55), procedimiento no institucionalizado por supuesto (tampoco muy ético), pero respetado como una regla implícita para el mantenimiento de los pactos.

La “democracia pactada” trajo cierta calma y estabilidad en la agitada vida político-social boliviana durante mas o menos una década. Los principales resultados de este periodo fueron: la perdida de fuerza articulación de los principales significantes socio-políticos de las décadas pasadas, es decir, el nacionalismo revolucionario y la identidad obrera. A partir de aquí, la emergencia del indianismo, la defensa por el cultivo y comercialización de la hoja de coca y los reclamos territoriales, esto a través de las estructuras organizativas sindicales, vecinales y comunitarias, serán los principales ejes de articulación de las demandas particulares, nacionales y étnicas que van gestando, tomando forma y extendiéndose a finales de los años ochenta y durante toda la década de los noventa.

En gran medida este clima de “estabilidad” posibilitó las vías y espacios para la emergencia articuladora de las expresiones políticas subalternas que se gestaban al interior de Bolivia. Desde 1990 se empiezan a ejercer formas de expresión y presión político-social como las marchas de indígenas amazónicos Por la Tierra y el Territorio, que junto a otras marchas incidieron en la promulgación de leyes. Tal es el caso de la ley 1715 conocida como ley INRA, entre las cuales reconocieron algunos derechos a territorio a las comunidades indígenas, en un marco que vacilaba entre el neoliberalismo y la protección estatal (Gonzales Pazos, 2005: 96-98). Recorrida la década de los noventa las movilizaciones de los indígenas por demandas de derechos territoriales y defensa del cultivo y consumo de la hoja de coca se van endureciendo y popularizando. La caída de la COB y la intermediación sindical y partidista dejaron espacios para la articulación de los sectores cocaleros, quienes venían siendo atacados por la ejecución del “Plan Dignidad” para la erradicación de los cultivos de coca.

La situación económica ayudó a que se fuera asentando la primacía de los sectores agrícolas, comenzando a tener trascendencia en la situación sociopolítica por sus potenciales de movilización. El aumento significativo del sector informal en la última década, como tal no cuenta con núcleos de agrupación, sino es a través de otras formas que no tienen mucho que ver con su actividad económica, junto con las migraciones de los mineros desempleados hacia ciudades y campos, produjo que el cultivo de coca fuera para algunos una opción bastante favorable de ocupación. Las regiones que sintieron el impacto de los desplazamiento internos para el cultivo de la hoja de coca fueron principalmente El Chapare en los valles de Cochabamba y la región de los Yungas al norte de La Paz, que fueron declaradas como “zonas rojas” (Stefanoni, 2005: 335). En estas regiones gravitan las principales organizaciones y sindicatos cocaleros de Bolivia, nacidos en el seno de la CSUTCB.

Para el año de 1994 las cinco federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba habían elegido como su máximo representante a Evo Morales, quien desde 1981 se había integrado en la región de El Chapare al sindicato local, ascendiendo hasta llegar su máximo cargo. Al año siguiente y en la exploración de formas organizativas que les permitieran el acceso a otras instancias mas allá de las locales, se crea en Marzo de 1995 la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), producto de los acuerdos constituidos en el Primer Congreso Tierra y Territtorio, con participación de los más importantes sindicatos campesinos, dónde ya éstos se perfilan como los de mayor fuerza de movilización y acción. Así se constituye la tesis del Instrumento Político que “consistía en la fundación de un movimiento organizado como extensión de las instancias sindicales campesinas que venían protagonizando grandes movilizaciones en defensa de la tierra, el territorio y contra la erradicación de los cultivos de coca.” (Stefanoni, 2003: 61).

Como se recordará, en la historia de los movimientos sociales en Bolivia la importancia de la forma sindical sobre la partidista es una particularidad distintiva de las lógicas organizativas. Pues bien, la tesis del instrumento político no es mas que la comprobación histórica que tiene una forma sobre otra, de la manera especial que se desenvuelve la articulación social en Bolivia. Pero esta prioridad o principio sindical, parece esconder formas ocultas o resguardadas de control y dinámicas de base sobre esta peculiaridad. Tras la forma sindicato se “ocultan”, en ocasiones, otras formas de organización como el Ayllu. (Stefanoni, 2003). En fin, lo que se persigue a través del instrumento político, en otras palabras:

“Esta constatación permitió que la acción colectiva de los cocaleros se expandiera al control de los espacios políticos institucionalizados y a la influencia hacia el conjunto de las organizaciones indígenas y campesina del país.

La experiencia de acceder a los espacios políticos institucionalizados para, desde allí, abrir su campo de lucha frente a la política estatal de erradicación del cultivo de coca permitió a los cocaleros impulsar con diferentes sectores de la indianidad organizados en diferentes sistemas de representación.” (Rea, 2003: 6)

El impulso que supuso la ASP desató una disputa interna por el control de ésta, con el resultado de la división, aunque stricto sensus no estaba unificada, entre las dos corrientes clásicas del indianismo con sus respectivas concepciones. Por un lado, el indianismo de izquierda abierta a la articulación e interpelación con otras expresiones sociales, representada esta corriente por Evo Morales; y, por el otro, el indianismo radical nacional aymara, que no busca tener mayores y más estrechos contactos o alianzas con otros partidos políticos sean de derecha o izquierda, porque estos reproducen los esquemas de dominación colonial, por lo cual se antepone la retoma de la autonomía del indio y su soberanía (Rea, 2003). Esta corriente está representada bajo la figura de Felipe Quispe el “Mallku”, la cual controla a la CSTUCB, siendo su mayor territorio de influencia el Valle de los Yungas y las federaciones que allí accionan, para finales de la década del noventa. Ambas corrientes toman caminos separados en su lucha por articular sus demandas. La corriente de izquierda finalmente adopta el nombre de Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP), mientras que la corriente radical o nacional étnica formaría en el 2000 el Movimiento Indio Pachakuti (MIP).

Estos dos movimientos constituyen, en ultima instancia, los dos grandes núcleos de los movimientos sociales bolivianos (Tapia, 2005). Aunque Tapia los identifica de izquierda, pero por lo visto, la profunda desconfianza hacia las formas políticas occidentales que representan la díada izquierda-derecha, la corriente del MIP nunca se ha proclamado como tal, y además apelando al derecho de no pertenecer a ninguno de los matices del espectro, no debería nombrase propiamente de izquierda, aunque comparta algunos postulados con la izquierda histórica y la propia boliviana. Caso contrario el MAS-IPSP si se identifica y se asume como tal. Lo que aquí se evidencia, sin lugar a dudas, es la dirección autónoma de los partidos y movimientos aymaras en torno a sus propios espacios culturales, lejos de los anteriores liderazgos obreros.

(continúa....)

1La conformación, articulación y expresiones socio-políticas de la ciudad de El Alto merecen un análisis aparte que, por razones del objetivo y de espacio, no pueden desarrollarse aquí a mayor profundidad. El Alto es la ciudad con la mayor aceleración demográfica de Latinoamérica, resultado en parte de las migraciones de los mineros sin trabajo y de los desplazamientos indígenas desde las partes bajas de Bolivia. Al agotarse los recursos mineros y las escasas oportunidades de ingreso económico en el campo durante las dos últimas décadas del siglo XX. Hoy la ciudad cuenta con alrededor de 800.000 habitantes cuando en 1950 apenas con se contabilizaban escasos 11.000, de los cuales el 80% es indígena, 74% aymara y 6% quechua, y donde el 60% del total es menor de 25 años (González Pazos, 2007: 122-126). También es especial por las formas de articulación político, social y cultural que se han dado producto de una hábil e interesante mezcla de la experiencia comunitarias del Ayllu y de las formaciones sindicales que trajeron los mineros, desarrolladas actualmente en las Juntas de Vecinos, en los cuales Zibechi ve unas formas de articulación de poder no estatal, en peligro transformarse en Estado por la vía de su institucionalización a través la creación de un “Estado Aymara”, dentro de las propuestas de otras experiencias organizativas con vestigios de poder estatal, entre estas últimas, asume el autor, se encuentran el proyecto del MAS-IPSP. (Zibechi, 2007: 169-216). La discusión que se plantea aquí será abordada mas adelante.

2Sistema de servidumbre indígena colonial “que [supone] la obligación de prestar servicios personales al dueño de la hacienda, incluyendo la familia de éste y los capataces, en un innegable sistema colonial que regía desde los primeros tiempos de la conquista y que pervivía en esta época tardía de mediados del siglo xx” (González Pazos, 2005: 44) y que persiste aún en algunas haciendas de la parte baja de Bolivia.

3En Bolivia, la aprobación de leyes tanto como la ratificación presidencial son validadas por una mayoría de 2/3 partes del congreso, por ejemplo a diferencia de Colombia que es una mayoría “simple”, la mitad mas uno. Por supuesto, el tener una mayoría simple no significa poder avanzar con mayor agilidad en el tramite de leyes, ni tener el control del congreso y, en Bolivia, prácticamente ningún partido llega a obtener las 2/3 partes del congreso que garantizarían un control absoluto, por tanto el sistema de “alianzas” es muy frecuente, por no decir la regla. Así, el partido de gobierno busca afanosamente cómo hacerse con esa mayoría, lo cual se logra o intenta generalmente a través de reparto de puestos o “cuotas” de cargos de Estado. Sin embargo, este sistema de mayorías también permite que las minorías tengan una especial importancia dentro de estos pactos y repartos burocráticos, como a la oposición sirve para bloquear iniciativas ejecutivas con mayor facilidad.